INFORME ESPECIAL SOBRE COLOMBIA
SI POR IRAK LLUEVE, POR COLOMBIA NO ESCAMPA
(O la historia de una tragedia... que ya no esta de moda)
Desde los inicios de la crisis de Irak y la puesta en marcha nuevamente
de las históricas pretensiones del Imperio sobre el petróleo
y la vida de los pueblos árabes, el mundo libertario y las organizaciones
internacionales de derechos humanos y solidarias enfocaron, como era de
esperarse, todas sus energías para evitar la guerra y fomentar
la solidaridad con el Pueblo iraqui, no con el dictador ni el estado iraqui
Saddan Hussein . Sin embargo, se han olvidado temporalmente, de la guerra
que vivimos los
colombianos y colombianas contra el imperio, vecino y tan cercano que
no hay necesidad de grandes despliegues de tropas ni acuerdos y negociaciones
para la instalación o paso de material bélico, ni desacuerdos
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni siquiera un veto
de ninguno de los miembros permanentes del famoso Consejo de “inseguridad”
de la ONU. No se ha escuchado la voz de Francia. Alemania o Bélgica,
solicitando al gobierno estadounidense no seguir enviando
tropas y todo tipo de armas de destrucción masiva... que dejan
como resultado 30.000 muertos al año.
¡¡No olvidar la tragedia de Colombia!!, un país donde
la soberanía ya es un recurso natural escaso y casi agotado pero
donde abunda la represión y la impunidad. Incluso la violencia
ha tocado a los mismos representantes del Estado, como señala el
Informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas “Los
homicidios selectivos, los atentados, los secuestros, las múltiples
amenazas por parte de las Auc, las Farc, y el Eln contra alcaldes, diputados,
concejales y personeros ha limitado la posibilidad de
que cumplan con su respectiva labor”
Igualmente durante el año 2002 las FARC incrementaron su accionar
y aumentaron gravemente las consecuencias contra la población civil,
así lo señala Human Rights Watch en su informe sobre Derechos
Humanos en Colombia del año 2002: “Las FARC-EP aumentaron
los ataques contra civiles, entre ellos cientos de alcaldes y funcionarios
locales. “Nuestra consigna es no dejar funcionar a los representantes
del Estado” en ninguno de los departamentos anunciaron los guerrilleros
en junio. El 5 de junio,
pistoleros de las FARC-EP asesinaron al alcalde de Solita, en el departamento
sureño de Caquetá (...)Durante los primeros diez meses de
2002, las FARC-EP emplearon bombas de cilindros de gas en más de
40 ataques contra ciudades y pueblos, que causaron víctimas mayoritariamente
civiles” El incremento del Paramilitarismo durante estos últimos
meses no tiene precedentes, Respecto al Informe que presente Estado sobre
su “lucha” contra los grupos paramilitares, Human Rights Watch
señala en el citado Informe una aparente paradoja: “El gobierno
registró más enfrentamientos
entre sus tropas y los paramilitares, y más detenciones de presuntos
paramilitares, que en años anteriores. No obstante, los paramilitares
parecían más numerosos y con más poderío militar
que nunca. Afirmaron contar con más de 10.000 miembros armados
y entrenados, una cifra que ni el gobierno ni otras fuentes rebatieron”
.
Al amparo de la investidura que el Congreso le otorgo al presidente Uribe
llamadas “Estado de Conmoción Interior” se aprobó
el Decreto 2002 donde el gobierno ha creado las “zonas de rehabilitación”
para consolidar sus políticas militares pero que han dejado, según,
las organizaciones internacionales de derechos humanos un saldo trágico,
especialmente en el departamento de Arauca. En este sentido, de acuerdo
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
–ACNUR-, Arauca es uno de los departamentos en donde más
se ha intensificado el enfrentamiento
armado en los últimos meses, junto con Norte de Santander, Cesar,
Chocó y Putumayo, lo cual repercute en un mayor número de
desplazamientos; aunque según ACNUR estos flujos migratorios en
su mayoría se dan al interior del país, se ha registrado
un incremento en el cruce de fronteras. Tal situación ha llevado
a que esta Oficina haga un llamado a los países fronterizos, para
que otorguen acceso a los colombianos que huyen .
Paradójicamente, el gobierno nacional creo estas zonas para “proteger
a la población civil”, sin embargo, desde el momento del
incremento masivo de las fuerzas armadas a la zona, se han incrementado
los desplazamiento forzados de personas y las muertes selectivas, Según
las declaraciones recibidas desde mediados de 2001 por la población
desplazada, frente a las declaraciones recibidas en periodos anteriores,
la población desplazada en Arauca se ha incrementado en un 300%
desde mediados de dicho año,
principalmente desde noviembre de 2001 . Cabe anotar que no todas las
personas desplazadas declaran tal condición por miedo a ser encontrados
por quienes los desplazaron o por desconocimiento de las acciones que
deben realizar frente al Estado, una vez han sido desplazados, por tal
razón la recepción de denuncias no manifiesta la totalidad
de la población desplazada y en consecuencia el incremento pudo
haber sido más alto.
En el mes de febrero de 2002, se movilizaron alrededor de 35.000 campesinos
del departamento de Arauca quienes exigían principalmente el cumplimiento
de Acuerdos previamente establecidos con el Gobierno nacional, relativos
a la realización de investigaciones sobre violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Arauca;
la creación de una Comisión de Investigación de Crímenes
contra los Derechos Humanos; la presencia de un delegado permanente del
Comité Internacional de la Cruz Roja; la presencia de un Procurador
Delegado para las fuerzas militares y una visita In Loco de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Colombia es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sobre Derechos Humanos desde el 31 de julio de 1973. El Estado
colombiano reconoció, por un tiempo indefinido, la jurisdicción
y competencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos –CIDH- órganos de protección de derechos humanos,
el 21 de junio de 1985.
El artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establece en su numeral 2: “En caso de extrema gravedad
y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, la Corte en los asuntos que esté conociendo, podrá
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare
de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento,
podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
El Artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en su numeral 1 señala que “en caso
de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la
información disponible, la Comisión podrá a iniciativa
propia o a petición de parte solicitar al Estado de que se trate,
la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables
a las personas”. El numeral 4 establece que “el otorgamiento
de tales medidas y su adopción por el Estado, no constituirá
prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión”.
Durante el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos decretó para Colombia once medidas cautelares. En 2001
fueron otorgadas 14 y en 2002 se decretaron 19 medidas. Lo importante
de esta medidas, para el caso colombiano, es que a diferencia de las medias
cautelares que otorga la Comisión en otros países que son
básicamente para proteger personas, individuos, las medidas decretadas
por la Comisión en el caso colombiano protegen comunidades enteras,
sindicatos, organizaciones, algunas de ellas con sedes en todo el país,
sectores sociales, etc.. Este hecho es un
indicador que nos permite evaluar de la gravedad de la situación
colombiana.
Frente a la situación de las mujeres en el conflicto la Defensoría
del Pueblo, declaró en su informe del año 2000 que las mujeres,
quienes por lo general se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad,
continuaron siendo gravemente afectadas por la violencia, especialmente
en las zonas de guerra. La Defensoría del Pueblo también
anotó una falta de programas gubernamentales para enfrentar estos
problemas. Las líderes feministas de las organizaciones políticas
y campesinas en varias regiones son objeto de
persecución, amenazas, tortura y ejecuciones. La violencia intrafamiliar,
el acoso sexual, y el asesinato de las mujeres siguió siendo un
problema serio en todo el país. Más del 30% de los miembros
de la FARC son mujeres. Varios observadores han criticado el uso de combatientes
mujeres en las organizaciones guerrilleras como esclavas sexuales.
En la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena 1993)
y en diferentes conferencias, convenciones y declaraciones, las Naciones
Unidas han enfatizado en que los Derechos Humanos de las mujeres también
hacen parte de los Derechos Humanos, razón por la cual deben ser
protegidos y garantizados por el Estado. Sin embargo, las mujeres han
sido objeto de violaciones constantes a los Derechos Humanos en detrimento
de su condición de mujeres, es así como la violación
y la tortura se han convertido en una práctica constante del conflicto
armado colombiano.
Igualmente las mujeres en gran parte han sido objeto de desplazamiento
forzado, la magnitud de tal hecho se evidencia con la cantidad de mujeres
desplazadas, que según ACNUR oscila entre el 49% y el 58% del total
de la población desplazada en el País ; las mujeres desplazadas
se enfrentan a múltiples formas de discriminación.
Otro grupo que registra una alto grado de vulnerabilidad en medio del
conflicto son los menores de 18 años, pues junto con las mujeres,
son el blanco de las acciones de los grupos al margen de la ley, en algunas
ocasiones el conflicto armado forma parte de su vida cotidiana, como lo
demuestra la declaración de un menor que estuvo vinculado a un
grupo armado al margen de la ley “Desde pequeño para uno
un tiroteo es normal, cuando
matan a alguien es común y corriente”.
Las conclusiones presentadas por la Comisión Colombiana de Juristas,
una de las organizaciones de derechos humanos con mayor legitimidad en
Colombia, en su informe de enero de 2003 son muy ilustrativas: “El
curso que ha tomado la situación de derechos humanos en el país
es alarmante. Son muchas las detenciones arbitrarias, las persecuciones
judiciales y los allanamientos contra defensores y defensoras de derechos
humanos y contra la población civil (....) Las instancias de protección
de los derechos humanos y la comunidad nacional e internacional deberían
intervenir para
que se dejen de cometer estas arbitrariedades y se reparen los derechos
de las víctimas”
La dinámica del conflicto armado ha dejado como víctimas
ya no a los miles y miles de colombianos y colombianas, sino a miembros
del sistema de inteligencia estadounidense, tres militares detenidos y
un combatiente muerto, luego de ser derribada la nave donde viajaban realizando
labores de inteligencia, dicho por la misma presa del imperio. El rugir
del Imperio se escucho en todo en continente americano “rescataremos
a nuestros ciudadanos”. Entonces decidieron enviar inicialmente
150 marines, igual que en Filipinas después del 11 de septiembre
donde inicialmente el gobierno del Imperio envió 350 hombres, hoy
hay casi 8000 hombres armados y
apertrechados para durar allí más de dos años.
¿Una posibilidad remota? Hay quienes piensan que una posible intervención
militar de los marines norteamericanos podría ser la solución
definitiva a este conflicto, así lo han señalado peridistas
como Antonio Caballero, "Le dicen a uno: Con esos satélites
de observación que tienen los gringos, y esos cohetes inteligentes,
lo único que hay que hacer es localizar en la selva al "Momo
Jojoy" y a Tirofijo" y mandarles un cohetazo. Y santo remedio.
O si no, que nos invadan", en estos momentos algunos sectores
políticos y empresariales piensan en una acción tipo marines
para resolver con el exterminio lo que se han negado a negociar en un
proceso sincero de paz, Caballero agrega, "Y menos cierto aún
es que los gringos vayan a sacarles las castañas del fuego a los
ineptos responsables del establecimiento colombiano. "Son amigos
nuestros, Son gente como uno", dicen, ilusionados. Pero eso tampoco
es verdad. Más amigo de ellos era el Sha de Persia, mejor inglés
hablaba Ferdinando Marcos de Filipinas, el general Mobutu del Congo había
hecho un posgrado en West Point. Y a todos los cambiaron cuando, por ineptos,
ya no les servían."
El concepto "Vietnamización" del conflicto colombiano
vuelve nuevamente a estar en la agenda de las preocupaciones de los 44
millones de colombianos decentes que no queremos esta guerra, es más
no solo no la queremos, sino la odiamos. Mirando con más detenimiento
la posibilidad de una intervención militar por parte de los marines,
surgen reflexiones interesantes, la opinión de Jesse Helms, que
es la opinión de un sector importante de la derecha norteamericana,
respecto a la Corte Penal Internacional, frente a la decisión estadounidense
de mantenerse fuera del tratado de Roma. Uno de
los argumentos de Mr. Helms es que el Tratado de Roma es un documento
peligroso, uno de los crímenes que contempla es el de "agresión",
que fue incorporado a pesar de no existir acuerdo sobre su definición.
Agrega el Sr. Helms "Debemos tener claro que a los ojos de la Corte
habría crimen de agresión cuando los Estados Unidos emprenda
una acción militar en defensa de sus intereses nacionales, salvo
que EE.UU. soliciten y obtengan el permiso de la Corte" La argumentación
no deja lugar duda, al considerar que
los intereses nacionales estadounidenses están por todo el mundo
cualquier acción militar en este sentido es incuestionable. Continua
Jesse Helms "Esta Corte pretende someter a juicio la política
de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Pueden Uds. Imaginar
lo que hubiera ocurrido si este tribunal hubiera estado funcionando durante
la invasión estadounidense de Panamá?, ¿o la de Granada?,
¿o el bombardeo de Trípoli?.
En ninguno de estos casos los EE.UU. solicitaron permiso de Naciones Unidas
para defender nuestros intereses".
Ya en 1995 Noam Chomsky denunciaba, “... Colombia recibe cerca de
la mitad de la asistencia militar que los Estados Unidos distribuye en
el hemisferio, incrementada durante la administración del presidente
Clinton, quien se hizo con los fondos de emergencia cuando el presupuesto
del Pentágono no permitía su aumento” . Hoy ocho años
después en 2003, Colombia es el tercer país en recibir ayuda
militar del Imperio para luchar contra el “terrorismo”....
que los otros países o grupos hacen contra el
corazón del Imperio, porque el “terrorismo” que el
Imperio hace contra el resto de la humanidad son acciones legitimas y
validas consideradas “acciones o guerras preventivas”.
Desde luego la muerte de los tres miembros del programa de inteligencia
estadounidense no tiene ni remoto parecido con el asesinato de los tres
cooperantes norteamericanos que venían desarrollando una labor
de apoyo solidario a las justas reivindicaciones del Pueblo indígena
U´wa, crimen realizado también por la FARC, pero las voces
del Imperio son similares: “venganza, venganza, venganza y las voces
de los tiranos colombianos son iguales: “invasión, invasión,
invasión”
Chomsky declaró en su intervención en el Foro Social Mundial
de Porto Alegre en enero de 2003 “El estado más poderoso
de la historia ha proclamado, bien claro y en voz alta, que se propone
dirigir el mundo mediante el uso de la fuerza, la dimensión sobre
la cual detenta la supremacía”
Como su fuera poco el gobierno ultraderechista del Presidente Uribe le
propone al pueblo colombiano la aprobación de un “Referendo”
que pretende legitimar la imposibilidad de llevar a los estrados judiciales
a los cientos de políticos corruptos que han saqueado el erario
publico, es decir, los que nos han robado a todos y todas. Se eliminan
las Personerías Municipales, única entidad defensora de
los derechos humanos de los
ciudadanos en los mas alejados y remotos municipios del país. Pero
además y de la manera mas cínica, luego de hacer aprobar
en el Congreso un plan infame de impuestos y nuevos IVA, pretende que
los colombianos y colombianas le aprobemos nuevos impuestos, especialmente
destinados para la guerra y disminución de la inversión
social. El referendo es la culminación del Ajuste Fiscal impuesto
por el FMI, congelación de salarios, congelación del gasto
público que afectara gravemente la educación, la salud,
seguridad alimentaría, vivienda, empleo, protección ambiental
y generará procesos de
recesión económica., en fin, el referendo es un acto de
lesa humanidad contra el pueblo Colombiano.
Algunas de las organizaciones libertarias de Cali, Medellín y Bogota
hemos hecho causa común con muchos sectores críticos del
país, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, organizaciones
de derechos humanos, para impulsar la “Campaña de Abstención
al Referendo”, desde luego, cada organización que hace parte
de la Campaña tiene sus intereses, nosotros los nuestros: No creemos
en el sistema de representación si no en la construcción
de una democracia directa y autogestionaria.
La Campaña ha puesto en peligro la aprobación del Referendo,
es más, sectores de los partidos tradicionales, resentidos por
que el nuevo gobierno no los llamo a hacer parte del festín, han
mostrado su simpatía por las tesis abstencionistas, desde luego
ellos son harina de otro costal.
La AIT conciente de esta realidad ha emitido varias resoluciones y acuerdos
sobre la urgencia de impulsar una Campaña masiva sobre la situación
que viven los organizaciones sociales y sindicales colombianas: Solamente
entre junio del 2001 y febrero del 2003 han sido asesinados 219 lideres
sindicales, han sido acusados y enjuiciados por su actividad; han sido
allanados por agentes del Estado las sedes de la Asamblea Permanente de
la Sociedad Civil por la paz, las sedes regionales de la Central Unitaria
de Trabajadores de Colombia –CUT -, han sido detenidos y procesados
los
líderes de la Unión Sindical Obrera, han sido amenazados
los miembros de las organizaciones de antiguos insurgentes hoy reinsertados
a la vida civil. En el caso de nuestra organización, hemos tenido
que cerrar la sede donde funcionabamos porque en tres ocasiones fueron
rotos los vidrios de las ventanas, se hicieron mas frecuentes las llamadas
amenazantes, se recibieron dos sufragios con la frase “¡mueran
los sapos y traidores a la patria!” , además, en los allanamientos
realizados en el mes de noviembre y diciembre en la Universidad Nacional
de Colombia fueron abiertos a la
fuerza algunos de los casilleros donde guardábamos materiales de
difusión, los cuales decomisaron. Nuestro grupo, ya mermado anteriormente,
ha quedado muy reducido ya que algunos compañeros han tenido de
refugiarse, temporalmente, en otras zonas del país.
Por favor no se olviden de la tragedia de los colombianos y colombianas,
recuerden que la lucha contra el Imperio debe ser global y en varios frentes.
Saludos Libertarios y antimilitaristas
AMIGOS DE LA AIT - COLOMBIA